¿Qué pasaría con las infraestructuras del Estado en suelo catalán en caso de una secesión? La respuesta no parece sencilla. La mejor opción para el Estado Catalán sería expropiarlas y, seguidamente, hacerse cargo del coste de amortización. Por otra parte, hay quien dice que la Convención de Viena de 1983 es la que podría dar respuesta a este contencioso, aunque es difícil, por no decir imposible, que España reconociera a ese nuevo Estado que los nacionalistas pretenden erigir. Por otra parte, los problemas surgirían en temas como la titularidad del río Ebro, las llamadas telefónicas, el transporte del gas a través del Estrecho de Gibraltar y el almacenamiento de los residuos radiactivos.
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